El alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, del opositor centroizquierdista Partido Republicano del Pueblo (CHP), ha sido condenado a 2 años y 7 meses de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos. El motivo: haber llamado «tontos» hace 3 años a miembros del Consejo Supremo Electoral. Esa declaración se produjo tras la anulación de las elecciones locales en Estambul de marzo de 2019, ante la victoria por apenas 0,2 puntos de İmamoğlu. Su repetición en el mes de junio llevó a una victoria de İmamoğlu por 9,2 puntos.
Aunque İmamoğlu se había descartado como candidato para las presidenciales, lleva años siendo visto como uno de los opositores favoritos para vencer a Erdoğan. Las encuestas publicadas durante este año sitúan a İmamoğlu por encima de Erdoğan de cara a las presidenciales. Otros potenciales candidatos son el alcalde de Ankara, Mansur Yavaş, de orientación más nacionalista, y el actual líder del CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, que aunque menos popular y más divisivo dentro de la oposición, tendría más facilidades para conseguir el apoyo kurdo, dado su origen de una provincia de mayoría kurda.
Un 45 % de los turcos cree que la causa contra İmamoğlu es política y sólo un 18 % cree que realmente sea un caso sobre difamación, según una encuesta de Metropoll. La condena puede aún ser recurrida. Tras conocerse el fallo judicial, se produjeron protestas de los seguidores de İmamoğlu. La condena podría favorecer la unidad y movilización de los opositores, aunque también podría ser indicativo de un aumento de la represión en la recta final hacia las elecciones presidenciales y legislativas, que se celebrarán en junio.
Otro tribunal tendrá que tomar el próximo mes una decisión muy importante para la política turca. Deberá decidir sobre la ilegalización del kurdo socialdemócrata Partido Democrático del Pueblo (HDP). Muy probablemente este partido, que suele rondar el 10-12 % de los votos, será prohibido. La nueva ley electoral estableció exigencias para poder presentar candidaturas hechas expresamente para cuando llegara esta decisión. Para que un partido pueda presentarse a las próximas elecciones debe celebrar congresos provinciales en al menos 41 de las 81 provincias del país con al menos 6 meses de antelación. La previsible ilegalización del HDP en enero impediría la concurrencia de un sucesor en las elecciones.
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