Consulta el acuerdo completo PSOE-Ciudadanos
Tras unas semanas de negociaciones entre PSOE y Ciudadanos, finalmente ambos partidos han llegado a un acuerdo de legislatura. Este acuerdo, que ha sido presentado y firmado hoy por Pedro Sánchez y Albert Rivera en el Congreso de los Diputados, consta de 7 ejes:
- ECONOMÍA: Impulsar un nuevo modelo de crecimiento inclusivo, medioambientalmente sostenible y fundamentado en la productividad, la estabilidad presupuestaria y un sistema fiscal justo y suficiente.
Algunas de las medidas pactadas más destacadas son incrementar la inversión en I+D+i, eliminar trabas a los emprendedores y a la creación de empresas, crear una agencia de apoyo a las PYMEs, un Plan de Transformación Digital para extender la banda ancha de alta velocidad a todos los hogares y a las PYMEs, incentivar el incremento del tamaño empresarial, una Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, impulsar el ICO para transformarlo en un verdadero banco público de inversión, un nuevo sistema de cotización para que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales, reformar la Ley de Segunda Oportunidad, medidas para acabar con el ‘capitalismo de amiguetes’, promover la economía social, una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, un gran Pacto de Estado de la Energía, eliminar el ‘impuesto al sol’, crear un fondo verde para la transición energética, un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios y Regeneración Urbana, desarrollar el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, renegociar el objetivo de déficit con la Unión Europea retrasando el cumplimiento de un déficit inferior al 3 % hasta 2017, mejorar la eficiencia del gasto público, una reforma integral del sistema tributario (se nombraría una Comisión de Expertos para que presente una propuesta concreta) para 2017, reformar el Impuesto de Sociedades para acercar los tipos efectivos a los tipos nominales, no subir el IRPF, crear un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas, crear una Oficina Nacional de control fiscal de grandes fortunas, reducir el IVA cultural al 10 % y combatir decididamente el fraude, la evasión fiscal y la economía sumergida (a través de 12 medidas concretas incluidas en el pacto).
- EMPLEO: Un plan por un empleo estable y de calidad.
El acuerdo incluye medidas para ‘recuperar el equilibrio en las relaciones laborales reformando la negociación colectiva’, la reducción del número de contratos a 3 (contrato indefinido, ‘contrato estable y progresivo para puestos de trabajo de duración determinada’ y contrato de relevo y para la formación), incentivos (bonus/malus) sobre cotizaciones sociales en función de la temporalidad, la aprobación en el plazo de un año un nuevo Estatuto de los Trabajadores consensuado con los agentes sociales, un Plan de Choque por el Empleo y la Inserción Laboral, un Plan de choque contra el desempleo de larga duración y un Plan para la Adquisición de Competencias Básicas para el Empleo
- EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA: Alcanzar un Pacto Social y Político por la Educación, la Ciencia y la Cultura como uno de los ejes fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades.
Destacan la constitución de una Mesa para alcanzar un Pacto Social y Político por la Educación para que en 6 meses haya un nuevo marco legal en este ámbito y, mientras tanto, paralizar inmediatamente el calendario de implantación de la LOMCE, reconocer la beca como un derecho subjetivo, universalizar la educación de 0 a 3 años, aprobar un Estatuto del Personal Docente, incorporar un sistema de acceso a la docencia a través del MIR educativo, revisar el sistema de formación profesional, dotar de una mayor autonomía a los centros educativos, establecer un modelo bilingüe o trilingüe (en el caso de las comunidades con lengua cooficial), crear un Plan de Convivencia Escolar para prevenir el acoso escolar, el ciberacoso y el bullying, promover un nuevo marco estatal de precios públicos de la matrícula universitaria que tenga en cuenta los niveles de renta de la unidad familiar de cada estudiante y que ‘permita asegurar la igualdad de oportunidades’, promover un amplio acuerdo social y político por la ciencia, impulsar la inversión pública en I+D+i civil para que alcance el 3 % del PIB, promover un Acuerdo Social y Político por la Cultura, recuperar el Ministerio de Cultura, rebajar el IVA cultural al 10 %, elaborar una Ley de Mecenazgo, reformar la Ley de Propiedad Intelectual y un plan para ‘profesionalizar al máximo’ y dar autonomía al Instituto Cervantes.
- ESTADO DEL BIENESTAR: Reducir las desigualdades sociales, combatiendo la pobreza y fortaleciendo los sistemas de protección social del Estado del Bienestar.
El acuerdo entre PSOE y Ciudadanos incluye un Plan de Emergencia Social que consta de la creación de un ingreso mínimo vital para las familias en situación de necesidad económica, crear un Complemento Salarial Garantizado para las personas con rentas más bajas, dotar de recursos al Plan Integral de Inclusión Social, aprobar una Ley de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética, eliminar automáticamente las cláusulas declaradas como abusivas por el Tribunal de Justicia de la UE (incluidas cláusulas suelo), poner en marcha urgentemente un Programa de Alquiler Social, aumento del salario mínimo y crear un Comité de Salarios en el nuevo Observatorio de la Productividad y la Competitividad para que informe al Gobierno sobre posteriores subidas, restablecer la universalidad de la sanidad pública, reformar la gestión pública de la sanidad, eliminar el copago farmacéutico, recuperar el Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, recuperar la Ley de Dependencia, establecer los mecanismos legales para hacer efectivo el principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres, promover la incorporación en la negociación colectiva de medidas relacionadas con la racionalización de los tiempos y las jornadas laborales y promover un pacto nacional para la racionalización de horarios, la conciliación personal y laboral, la igualdad y la corresponsabilidad.
- REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA: Impulsar reformas del sistema democrático para reforzar los derechos y libertades, asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y el compromiso contra la violencia de género, mejorar la calidad de las instituciones y luchar contra la corrupción.
Aprobar una ley para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, aprobar una ley de muerte digna, aprobar una Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia y revisar el Concordato con la Iglesia Católica, aprobar una Ley por la que se reconocerían y ampliarían derechos y se establecerían medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, reformar la Ley de Seguridad Ciudadana revisando todos los preceptos recurridos al Tribunal Constitucional, aprobar una Ley marco de Bienestar Animal, aprobar un Pacto Social, Político e Institucional contra la violencia de género, obligar a los partidos políticos a la elección directa entre sus afiliados o militantes de determinados cargos orgánicos y los candidatos a la presidencia de los gobiernos nacional y autonómicos y a las corporaciones locales (a partir de una determinada población), vincular la financiación de los partidos a la democracia interna, dotar de transparencia a los ingresos y gastos de los partidos políticos, reforzar el papel de control y fiscalización del Tribunal de Cuentas, crear una Oficina del Ciudadano en el Congreso de los Diputados, reformar los reglamentos del Congreso y el Senado, reformar el sistema electoral (facilitando el voto electrónico, eliminando el voto rogado, estableciendo un sistema de listas desbloqueadas, mejorando la proporcionalidad y estableciendo la obligación de presentar listas paritarias, entre otras medidas), modificar la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno, revisar las normas de Contratación Pública para prevenir la corrupción, tipificar el delito de enriquecimiento injusto (o ilícito), establecer un plan especial para dotar de medios humanos y materiales adecuados para la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, establecer incentivos para fomentar y favorecer el afloramiento de casos de corrupción, prohibir los indultos en cualquier delito de corrupción, violencia de género o contra los Derechos Humanos, crear una Oficina Anticorrupción, poner en marcha en las administraciones públicas planes de prevención contra la corrupción, aumentar los medios personales y materiales de los juzgados y tribunales, derogar inmediatamente la prisión permanente revisable, derogar inmediatamente el artículo 315.3 del Código Penal sobre el ejercicio del derecho de huelga, suprimir las tasas judiciales, fortalecer los derechos de los consumidores, reformar el sistema de financiación autonómica, derogar la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ‘para asegurar la autonomía local’ y aprobar una nueva Ley de Financiación Local.
- POLÍTICA EXTERIOR: Potenciar el papel activo de España como miembro de la Unión Europea y de la Eurozona, nuestra política exterior y nuestra cooperación al desarrollo, con especial atención a África y Latinoamérica.
Promover una mayor profundización en la integración comunitaria a todos los niveles: político, fiscal, monetario y social, impulsar una Unión Europea que vele por el fortalecimiento y defensa de los intereses y valores europeos, reforzando el papel de la ciudadanía y la democratización de las instituciones a través del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, mejorar los mecanismos de rendición de cuentas de los órganos y responsables comunitarios, recuperar para España su papel protagonista en Europa, reforzar y acelerar la puesta en marcha del Plan de Inversión Juncker, favoreciendo especialmente a los países con mayores tasas de desempleo (como España), aprobar un Plan Renovado de Derechos Humanos, revocar la reforma del gobierno del PP en materia de Jurisdicción Universal, promover una nueva ley de cooperación y desarrollo sostenible, articular una estrategia con América Latina para la potenciación y extensión del español y de nuestras culturas en el mundo, crear un plan de acción con África Subsahariana para apoyar su enorme potencial de desarrollo y aliviar la tensión migratoria que existe en sus países, promover la reforma del Consejo de Seguridad para hacerlo más eficiente, asegurar el compromiso de España en misiones de paz y seguridad internacional, apoyar los esfuerzos internacionales para una solución política en Siria, luchar contra las desigualdades, la pobreza, la opresión y la violación de los derechos humanos en el norte de África y Oriente Medio y apoyar la coalición global contra el ISIS (suprimir todas las fuentes de financiación del terrorismo, perseguir y prohibir el tráfico ilegal de armas).
- REFORMA CONSTITUCIONAL: Reformar la Constitución para asegurar eficazmente los derechos sociales y completar el funcionamiento federal de la organización territorial de nuestro Estado.
El acuerdo establece una propuesta de reforma de la Constitución para reconocer nuevos derechos sociales y políticos, reconocer la sanidad como derecho fundamental, suprimir la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona, revisar las bases del sistema electoral, modificar la composición y funciones del Senado, incorporar el principio de estabilidad social (modificando el artículo 135) y desarrollar el concepto de Estado federal, revisando el Título VIII. Además de esta reforma constitucional que se iniciaría con el nombramiento de una Ponencia Constitucional para la redacción del proyecto a inicios de 2017, el pacto incluye una reforma constitucional exprés para suprimir el aforamiento, reducir a 250.000 firmas el mínimo exigido para presentar una iniciativa legislativa popular, establecer un plazo máximo de ocho años consecutivos para ejercer el cargo de Presidente del Gobierno, reducción a diez del número de vocales del Consejo General del Poder Judicial y suprimir las Diputaciones Provinciales (únicamente las de régimen común, por lo que se excluyen diputaciones forales, cabildos y consejos insulares) y crear, en su lugar, Consejos Provinciales de Alcaldes.
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