Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, Dina Boluarte ha gobernado en un clima de profunda inestabilidad política, social y de creciente aislamiento institucional. Su mandato —que inicialmente fue percibido como una transición técnica— se consolidó en el poder a pesar de los pedidos de adelanto electoral, enfrentando fuertes protestas, especialmente en el sur andino, donde se denunciaron graves violaciones a los derechos humanos durante la represión estatal. Más de 60 personas fallecieron en manifestaciones entre 2022 y 2023, lo que dejó una huella de deslegitimación en su gobierno.
Boluarte ha gobernado con el apoyo del Congreso, dominado por fuerzas conservadoras y fragmentadas, lo que ha reforzado una dinámica de mutuo blindaje entre Ejecutivo y Legislativo. Esta alianza, sin embargo, no ha logrado estabilizar el país ni responder eficazmente a las demandas ciudadanas. La desconfianza hacia las instituciones se ha profundizado, como muestran las encuestas que revelan niveles de desaprobación superiores al 80 % tanto hacia el Congreso como hacia la propia presidenta. En el caso de la presidente Boluarte, la última media de encuestas, muestran una aprobación que apenas supera el 3 % y una desaprobación por encima del 93 %, lo que confirma su completo aislamiento y falta de apoyos, volviendo a registrar el peor dato de su mandato, un mes más.
En 2024 y la primera mitad de 2025, Boluarte ha centrado su acción en mantener el control político, con cambios frecuentes en el gabinete y una creciente dependencia de las fuerzas armadas y policiales. A ello se suma el deterioro de su imagen por escándalos como el caso de los relojes Rolex no declarados, que derivó en una inédita investigación fiscal a una presidenta en funciones. Aún no se refleja en las encuestas, al no haberse publicado ninguna en la última semana, la decisión de la presidenta de duplicarse su salario de cara a su último año de mandato.
Las elecciones de 2026, tanto presidenciales como legislativas, serán claves para definir si el país logra encauzar una salida institucional a su prolongada crisis. A más de un año del proceso, aún no hay candidaturas consolidadas. Sin embargo, se anticipa una oferta electoral fragmentada, con la posible aparición de liderazgos radicales —tanto de izquierda como de derecha— aprovechando el vacío de legitimidad del centro político, especialmente si se confirma la exclusión por inhabilitación del expresidente moderado Martín Vizcarra, y de las estructuras partidarias tradicionales.
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