Los socialdemócratas finlandeses continúan liderando la intención de voto en las encuestas electorales y el actual gobierno conservador se mantiene debilitado, con una intención de voto agregada de apenas el 39 %.
En los últimos meses, la política finlandesa ha estado marcada por tensiones internas en el gobierno de coalición, un empeoramiento de la situación económica y un debate creciente sobre la inmigración y la política exterior. El gabinete encabezado por Petteri Orpo (Coalición Nacional) —que gobierna junto a los Demócratas Cristianos, el Partido Popular Sueco y el ultraderechista Partido de los Finlandeses (Perussuomalaiset)— enfrentó una serie de desafíos que pusieron a prueba la cohesión del Ejecutivo.
En el plano económico, Finlandia registró en agosto una tasa de desempleo del 10 %, la más alta en dos décadas, lo que encendió las alarmas en el Ministerio de Finanzas y aumentó la presión sobre el gobierno para aplicar estímulos y reformar el mercado laboral. El Ejecutivo defendió su estrategia de mantener incentivos fiscales y aumentar el gasto en defensa —hasta alcanzar el 3 % del PIB en 2029— como medidas destinadas tanto a sostener la economía como a fortalecer la posición del país dentro de la OTAN, tras su reciente adhesión. Sin embargo, la oposición socialdemócrata y la Izquierda Alianza acusaron al gobierno de “priorizar los tanques sobre el trabajo” y de abandonar su promesa de proteger el Estado del bienestar.
Uno de los episodios más sonados fue la crisis por la reforma de la ley del alcohol, que buscaba ampliar las ventas en línea y permitir las entregas a domicilio. El proyecto desató una fuerte disputa interna cuando los Demócratas Cristianos bloquearon temporalmente su avance, alegando que vulneraba el programa de gobierno. La ministra democristiana de Deportes, Mika Poutala, retiró el punto de la agenda ministerial, evidenciando las tensiones morales y culturales dentro de la coalición.
En política exterior, el gobierno fue objeto de una moción de censura impulsada por la oposición de izquierdas, tras su decisión de abstenerse en la votación de la ONU sobre el reconocimiento de Palestina. Los socialdemócratas y los Verdes acusaron al Ejecutivo de “falta de coraje moral”, mientras el presidente Alexander Stubb defendió la posición finlandesa como “prudente y alineada con la política europea común”. Paralelamente, Helsinki anunció 200 millones de euros adicionales en ayuda a Ucrania, reforzando su compromiso con la defensa europea.
El debate sobre la inmigración también volvió al primer plano. El diputado Teemu Keskisarja, del Partido de los Finlandeses, provocó un escándalo con declaraciones calificadas de racistas por la Autoridad de No Discriminación. Sus palabras alimentaron la polémica en torno al discurso xenófobo dentro del gobierno y deterioraron la imagen internacional de Finlandia.
Por otro lado, el Ejecutivo avanzó con reformas estructurales en educación y migración laboral, incluyendo la posibilidad de cursar el bachillerato en inglés desde 2026 y nuevas normas para los permisos de residencia basados en empleo. Estos cambios buscan modernizar el sistema y atraer talento extranjero, en un país que enfrenta el envejecimiento poblacional y la escasez de mano de obra.
En este contexto, los socialdemócratas mantienen su liderazgo con un 25 % de intención de voto, unos 5 puntos por encima del resultado de las elecciones parlamentarias de hace dos años. Por su parte, la centroderechista Coalición Nacional vuelve a bajar y se queda con un 18,5 %. El Partido del Centro permanece en tercer lugar con un 15 %, por encima del derechista radical Partido Finlandés, que repunta hasta el 13 % (aún 7 puntos por debajo de su último resultado electoral).
La Alianza de Izquierda se mantiene estable con un 9,5 %, ligeramente por encima del 8 % de la Liga Verde. El Partido Popular Sueco se queda con un 4 % y los Democristianos registran un 3,5 %. El Movimiento Ahora se sitúa con un 1,5 %.
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