Argentina transita una etapa de reconfiguración profunda bajo el gobierno del presidente Javier Milei, cuya gestión se ha caracterizado por un enfoque radical de reducción del Estado, ajuste fiscal, desregulación económica y confrontación política. En sus primeros 18 meses de mandato, el oficialismo ha logrado avances en su programa libertario, aunque en un contexto de fuerte tensión social, institucional y económica.
La Ley Bases, proyecto estrella de Milei aprobado en julio de 2024 tras una prolongada y conflictiva tramitación legislativa, ha comenzado a desplegar efectos significativos durante los primeros meses de 2025. Entre sus medidas más relevantes se encuentran la autorización para privatizar empresas públicas, una reforma laboral acotada, el régimen de incentivo a grandes inversiones (RIGI) y una amplia delegación de poderes legislativos. El gobierno ha comenzado a aplicar parte de estas reformas, aunque enfrenta resistencias judiciales, sindicales y provinciales.
En lo económico, el país ha dejado atrás la recesión vivida en 2024. Los principales organismos —como el FMI y el Banco Mundial— proyectan un crecimiento del PIB del 5,5 % en 2025, impulsado por el orden fiscal, la baja emisión monetaria y el superávit comercial. La inflación, que alcanzó niveles extremos en 2023, descendió al 1,5 % mensual en mayo de 2025, su nivel más bajo en años. Sin embargo, persisten tensiones: la recuperación no se ha traducido en una mejora generalizada del poder adquisitivo, y sectores como la educación, la ciencia y los servicios públicos han sufrido fuertes recortes.
El gobierno enfrenta críticas por el impacto social negativo de las políticas aprobadas por su gobierno. En junio, se intensificaron las protestas universitarias y sindicales, y se produjo la detención del dirigente Juan Grabois durante una ocupación simbólica, hecho que agudizó la polarización. En paralelo, Milei anunció el traslado de la embajada argentina en Israel a Jerusalén, y reforzó sus vínculos con líderes de la derecha internacional como Santiago Abascal y Giorgia Meloni.
A las puertas de las elecciones legislativas de octubre, el gobierno autorizó nuevos bonos para jubilados y beneficiarios de AUH, aumentos que alcanzan los 110.000 pesos y que van contra el programa libertario, mientras el Ejecutivo anticipa que vetará leyes similares aprobadas por el Congreso. Estas medidas son interpretadas por sectores opositores como un giro táctico, con fines de alivio social y posible rédito electoral, en un país que sigue atravesando una intensa recomposición política y social.
Así, con todo, Argentina se mantiene como un país muy dividido políticamente, si bien la división de la oposición de Milei y la debilidad del peronismo favorecen a la libertaria-conservadora La Libertad Avanza del presidente argentino Javier Milei, que se encuentra claramente en cabeza en las encuestas electorales. El peronismo atraviesa un momento de incertidumbre tras la condena en firme de Cristina Fernández de Kirchner, inhabilitada para ejercer cargos públicos por corrupción. Aunque alejada de la gestión activa desde fines de 2023, conserva un núcleo de lealtad política importante, especialmente en sectores del kirchnerismo duro y movimientos sociales. Su situación judicial ha sido denunciada por parte del peronismo K como una persecución, alimentando una narrativa de resistencia. Sin embargo, dentro del propio movimiento afloran tensiones sobre cómo proyectar una nueva dirigencia sin su figura al frente.
De acuerdo con la última media de encuestas electorales para las elecciones legislativas de octubre, la Libertad Avanza se sitúa con un 40 % de intención de voto, un crecimiento de 12 puntos con respecto a las elecciones de 2023. Por el contrario, el kirchnerismo se queda con un 28 % de intención de voto, lo que representa un descenso de unos 10 puntos respecto a 2023. El peronismo federal podría alcanzar el 7 %, creciendo unos 3 puntos con respecto a la candidatura de Hacemos por Nuestro País en 2023. La liberal-conservadora Propuesta Republicana, aliada del actual gobierno, baja hasta el 6 %, mientras que la Unión Cívica Radical apenas registra un apoyo electoral del 2,5 %. Estos porcentajes representan una fuerte caída con respecto al 26 % que sumaron las candidaturas de Juntos por el Cambio en 2023. Por último, el Frente de Izquierda-Unidad se mantiene estable en torno al 3,5 %.
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