El gobierno federal de Austria, liderado por el Partido Popular, continúa avanzando en los inicios de su agenda de gobierno con una vista puesta en el crecimiento de la derecha radical del FPÖ, que ya quedó como primera fuerza en las pasadas elecciones y que ahora es la principal fuerza de la oposición, después de que en las negociaciones postelectorales no hubiera acuerdo entre ÖVP y FPÖ. La cuestión migratoria, que ha sido tomada durante años por el FPÖ, abogando por una línea dura contra las personas migrantes, está marcando la agenda política. El endurecimiento de las condiciones de asilo y residencia anunciado por los populares austriacos, sin embargo, no estaría consiguiendo frenar la fuga de votos hacia la derecha radical, que sigue ganando votos cuanto más presente se encuentra el tema en agenda.
Una de las políticas más significativas promovidas por el canciller popular Christian Stocker es la suspensión del derecho a la reunificación familiar para solicitantes de asilo, una medida que está generando fuertes críticas por su impacto en la integración social y en los derechos fundamentales de las personas migrantes. A ello se ha sumado la decisión de imponer restricciones aún mayores a futuro, con la posibilidad de fijar cuotas anuales que podrían llegar incluso a cero. El canciller ha defendido este rumbo como necesario para «garantizar la seguridad interna» y para contener el auge de la extrema derecha, argumentando que las reglas europeas de asilo están “obsoletas” y requieren una reforma integral.
El giro restrictivo se reflejó también en la primera deportación forzada a Siria en más de una década, un hecho simbólico que proyecta a Austria como pionera en el endurecimiento de la política migratoria dentro de la UE. Esta medida ha recibido también críticas por parte de grupos de defensa de los derechos humanos, ante el riesgo que puede suponer la vuelta a Siria a personas asiladas. Paralelamente, el Ministerio del Interior ha destacado una caída drástica en las cifras de llegadas y solicitudes de asilo, presentándolas como prueba del éxito de su estrategia, reforzando así nuevamente la presencia de la migración en la agenda pública.
En paralelo, el Parlamento aprobó en el mes de julio una ley que autoriza, con estrictos límites, la vigilancia de aplicaciones de mensajería cifrada como WhatsApp o Signal en casos graves de seguridad nacional. Aunque la medida fue defendida como una herramienta para combatir terrorismo y crimen organizado, la oposición alertó de un posible retroceso en libertades civiles. Además, también tuvo lugar el mes pasado el nombramiento de Karoline Edtstadler como gobernadora de Salzburgo, primera mujer de la ÖVP en ocupar el cargo, gracias a su coalición con el FPÖ.
En este contexto, el derechista radical FPÖ sube hasta el 34,5 %, volviendo a los niveles de meses pasados, recuperando nuevamente a votantes populares de las pasadas elecciones que ya mostraron su intención de voto por el FPÖ en los primeros meses de año. Los populares, por su parte, acumulan una caída de 5 puntos con respecto a las elecciones de septiembre de 2024 y se quedan con un 19,5 % de intención de voto. Los socialdemócratas también salen perjudicados tras su acuerdo de gobierno con ÖVP y NEOS y se quedan con un 19,5 %. El liberal NEOS se sitúa con un 10,5 %, en empate técnico con Los Verdes, que se mantienen con un 10 %. El Partido Comunista se sitúa con un 3,5 %, cerca de la barrera electoral que le permitiría obtener representación parlamentaria federal.
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