Las elecciones generales de Uganda volvieron a confirmar, sin ninguna sorpresa, a Yoweri Museveni, como presidente para un séptimo mandato tras casi cuatro décadas en el poder. Según los resultados oficiales proclamados por la Comisión Electoral, el líder del Movimiento de Resistencia Nacional (NRM) obtuvo algo más del 71 % de los votos, frente al casi 25 % logrado por el líder opositor Bobi Wine, candidato por la Plataforma de Unidad Nacional. La participación, en torno al 52 %, fue una de las más bajas desde la reintroducción del multipartidismo en 2006, un dato que indica la creciente apatía social con unos procesos electorales en el país que no cuentan con suficientes garantías democráticas, según los observadores y analistas internacionales.
La jornada electoral y los días previos y posteriores estuvieron marcados por un apagón casi total de internet y redes sociales, decretado por el Gobierno con el argumento de evitar desinformación y disturbios. Organizaciones de derechos humanos y medios internacionales denunciaron que esta medida afectó gravemente a la transparencia del proceso, dificultó el trabajo de observadores independientes y limitó la capacidad de la oposición para documentar incidencias en tiempo real. A ello se sumaron problemas logísticos, especialmente en los sistemas de identificación biométrica de votantes, que fallaron en numerosos colegios electorales y obligaron a recurrir a procedimientos manuales, una circunstancia denunciada por la oposición como una puerta abierta a la manipulación.
El clima político fue igualmente tenso. Durante la campaña y el propio día de la votación se registraron detenciones de activistas opositores, un fuerte despliegue policial y militar y episodios de violencia vinculados a protestas, con un balance de varios fallecidos según distintas fuentes. Tras conocerse los resultados, Bobi Wine rechazó de plano el recuento oficial, calificándolo de fraudulento y denunciando redadas y hostigamiento contra dirigentes y simpatizantes de su partido. En Kampala y otras zonas urbanas se produjeron protestas esporádicas, rápidamente contenidas por las fuerzas de seguridad.
Las misiones de observación ofrecieron valoraciones matizadas. Por un lado, no señalaron irregularidades masivas fácilmente verificables en las mesas de votación observadas; por otro, coincidieron en que el proceso se desarrolló en un entorno profundamente desequilibrado, caracterizado por la intimidación, el uso del aparato del Estado en favor del incumbente y las restricciones a la libertad de información. En este sentido, el apagón digital y el papel de las fuerzas de seguridad volvieron a situarse en el centro de las críticas. Además, el opositor Bobi Wine afirmó haber escapado de un arresto domiciliario impuesto por el gobierno a él y a su familia.
Pese a la reelección de Museveni para otro mandato presidencial de 5 años, persisten las dudas sobre su futura sucesión, dado que este año cumplirá 82 años. Las divisiones internas dentro del régimen suponen un riesgo para esta etapa post-Museveni, apuntándose a la posibilidad de una transición ordenada en los próximos años en favor de su sucesor, aún por designar. Uno de los favoritos sería su hijo Muhoozi Kainerugaba, que lidera las fuerzas militares del país y viene lanzando desde hace años mensajes políticos nacionalistas y en favor del régimen que lidera su padre.
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